Desarrollo Humano, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación firmaron un convenio con el acompañamiento de UNICEF Argentina.
La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Marta Russo Arriola, junto a funcionarias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participaron de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial provincial y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, con el acompañamiento de autoridades de UNICEF Argentina.
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas judiciales e interinstitucionales destinadas a garantizar el acceso a la justicia, la protección integral de derechos y la mejora de los mecanismos de prevención y asistencia para niñas, niños y adolescentes, mediante un marco de cooperación y trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y organismos nacionales.
Firma de convenio interinstitucional
La firma del convenio estuvo a cargo de Sebastián Medina, jefe de Gabinete de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Federico Otaola, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; y Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia.
En este marco, la ministra Marta Russo destacó que el acuerdo “refuerza la tarea de seguir trabajando de manera coordinada” y valoró especialmente la creación de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito judicial, impulsada por el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer, señalando que “dejó una semilla que ayudará a fortalecer la protección de la niñez y adolescencia”.
Asimismo, la funcionaria agradeció a la Defensoría de Nación, al Poder Judicial y al acompañamiento permanente de UNICEF Argentina, resaltando que este tipo de acciones fortalecen las políticas públicas y promueven una intervención integral y articulada entre los distintos organismos del Estado para garantizar el pleno ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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